Fiscalía, Ministerio del Interior y Consejo de Seguridad del Estado piden más de 30 años de cárcel: Gobierno de Boric no retira querellantes y busca altas condenas para presos políticos del caso Hotel Principado

FE DE ERRATA: El título original menciona “Más de 40 años de cárcel…”, el que fue cambiado al título actual. Esto, debido a diferentes interpretaciones en la suma de años, por acusaciones y solicitudes de penas realizadas tanto por Fiscalía -con respaldo del Ministerio del Interior- como por el CDE. Estas diferencias de interpretación, de todas maneras, se basan en información oficial otorgada durante el juicio de apertura, y son motivo de seguimiento para futuros reportes.

El miércoles 11 de mayo se inició un segundo juicio del denominado caso Hotel Principado, en contra de Matías Rojas (20) y Benjamín Espinoza (20), quienes junto a Jesús Zenteno (24) han sido sindicados como responsables de 3 incendios el 12 de noviembre del 2019, en las cercanías de Plaza Dignidad, Santiago de Chile.

Los querellantes han pedido una pena entre 5 y 44 años para Benjamín y entre 5 y 39 años para Matías, en la totalidad de las acusaciones. El juicio a Jesús Zenteno, en tanto, fue postergado para agosto de este año, por lo que la jueza Marcela Sandoval omitió esta vez sus causas imputadas y castigos solicitados.

La suma de todos los procesos judiciales de este caso, que se arrastran desde el mismo mes de noviembre del 2019, sobrepasa los 900 días en total, con prisiones “preventivas” de más de dos años, para los tres jóvenes, en la cárcel Santiago 1.  Hoy cuentan con un arresto domiciliario total que se ha extendido por 6 meses.

Este caso, entre otros, es uno de los más emblemáticos de la prisión política existente en Chile originados en el contexto del denominado Estallido Social.

Penas solicitadas e insistencia del Gobierno

Tras una desestimación parcial por parte de Corte Suprema del primer proceso, por falta de legalidad policial y debilidad de pruebas, en este nuevo juicio la Fiscalía acusa y exige penas de cárcel (y pagos de 11 UTM por cada acusación más gastos del juicio) por delitos de elaboración de artefactos incendiarios (7 años y 6 meses de prisión),  lanzamientos de los mismos (7 años y 6 meses) y consiguientes incendios provocados tanto en dependencias de la Universidad de Chile (5 años) como en el Apart-hotel Principado (10 años).

Esta acusación fue respaldada por el Gobierno de Chile a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien se sumó activamente a las querellas y penas exigidas por la Fiscalía. Lo anterior llamó la atención de familiares de los imputados y sus abogados, debido al bullado anuncio del actual presidente Gabriel Boric de no hacer parte al Poder Ejecutivo en acciones que conlleven a persecusiones penales en causas vinculadas al Estallido.

El Consejo de Defensa del Estado, en tanto, se presentó nuevamente como querellante particular, solicitando penas y multas por elaboración y lanzamiento de bombas molotov, más incendio, en la Universidad de Chile (5 años de presidio en total), además de las mismas acciones en dos entradas a la estación del metro “Baquedano”: en las esquinas de Ramón Carnicer con Antonio Burle (7 años), y en Alameda con Vicuña Mackena (7 años).

En la apertura de este miércoles, las tres partes querellantes insistieron en que poseen “pruebas concluyentes” que “dan cuenta de la comisión de los delitos imputados”, tales como videos y fotografías, además de los ya conocidos testimonios del personal de Carabineros -de las unidades OS9 y la DIPOLCAR específicamente- que actuaron como “intramarchas” durante ese periodo de conmoción social.

Montajes e ilegalidad de Carabineros

La defensa de los jóvenes imputados, sin embargo, han esgrimido argumentos como la realización de “montajes”, construidos con las supuestas pruebas que no son concluyentes por sí mismas. Además, tanto la defensa de Benjamín Espinoza (representado por John Maulen) como de Matías Rojas (a través del abogado Lorenzo Morales), coincidieron en la ilegalidad del accionar de la “Patrulla de Cazadores” (policías infiltrados durante el Estallido que “salía a cazar” manifestantes, fuera del marco legal institucionalmente establecido).

Un personaje clave de ese grupo, que actuó como uno de los jefes de los “intramarchas” en aquellos días, y quien en otras oportunidades ha declarado disfrazado (performance que quería repetir en este proceso actual, de acuerdo a  fuentes del proceso), es el policía activo David Gaete Beltrán, también vinculado al escándalo de la “Operación Huracán”, en Wallmapu, en donde ha sido acusado por torturas. En el juicio de apertura de hoy, Gaete Beltrán fue convocado como testigo nuevamente, pero dilató la continuidad de la audiencia y su participación hasta que la jueza, Marcela Sandoval, decidió postergar el juicio hasta las 9 horas del jueves 12 de mayo, citándolo de forma presencial al Tribunal para evitar cualquier nuevo inconveniente.

En esa línea de desestimación de pruebas que argumenta la defensa, en tanto, se encuentra la resolución de la Corte Suprema de noviembre pasado giró en que las evidencias presentadas por los querellantes en el caso Hotel Principado habían sido basadas en la ilegalidad policial, ya que no contaban con orden judicial para realizar labores de espionaje de las características mencionadas. Eso, al menos, hasta el 12 de noviembre del 2019 (día de los incendios de este caso), siendo lo ocurrido los días 13 y 14 de ese mes (ya con una supuesta orden de un fiscal que les autorizaba) parte de la materia para argumentar la vinculación de los acusados con los hechos, y que se verán, nuevamente, en esta ocasión.

 

En palabras del abogado de Gobierno

El abogado del Ministerio del Interior, Samuel Malamud, indicó en el juicio apertura de esta mañana: “Se trata en todos estos casos de delitos múltiples, de gran lesividad, y de innegable peligro para bienes jurídicos, tales como la vida, la integridad corporal y el patrimonio, y que son perseguidos en este caso, su señoría, y aquí no debemos perdernos, como delitos comunes, según la legislación vigente y aplicable, y que sería aplicable respecto a cualquier persona que en un caso similar hubiere llevado a cabo dichas conductas“.

A eso, agregó Samuel Malamud: “Atendiendo la gravedad de dichos delitos y a la afectación producida, al orden y la seguridad pública, es que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha adherido a la acusación del Ministerio Público y a las penas que también ha solicitado el ente persecutor“.

Se busca con ello, aclaró el abogado del Poder Ejecutivo liderado por Gabriel Boric, “la sanción de hechos reiterados de notoria violencia y peligrosidad, que muestran el desprecio hacia bienes jurídicos relevantes e indispensables para nuestra sociedad, y para una convivencia, también, pacífica”.

“Estamos convencidos, su señoría, que constan, tras una completa y extensa investigación, pruebas suficientes para justificar la condena de los imputados como autores de los delitos de materia de acusación, tal como vuestra señoría podrá apreciar tras la rendición de la prueba”, concluyó su presentación el representante del Ministerio del Interior.

 

Revisa aquí el video de la apertura del segundo juicio del caso Hotel Principado.

 

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