Acuerdan pronunciarse en el ex congreso:Convención Constitucional aprueba declaración sobre libertad de los presos políticos de la Revuelta

*Fotografías de Rodrigo Cavieres.

Este jueves 8 de julio, durante la tercera sesión de la Convención Constitucional, se realizó la votación respecto de las dos Declaraciones presentadas en sala, sobre la situación de los presos políticos, tanto de la Revuelta como de Wallmapu, siendo aprobada con 105 votos a favor la Declaración 1, denominada como: “De la Convención Constitucional a los órganos del poder constituido sobre la prisión política en Chile y la militarización de Wallmapu”.

La Declaración 1, surgida principalmente desde el PC, FA y PS, no impone plazos sino que exige“máxima celeridad” a la tramitación del Proyecto de Ley de Indulto General, así como “la inmediata desmilitarización del Wallmapu”, y “la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche”, junto con 4 puntos más.

Según versa la declaración aprobada, esta tendría un carácter de pronunciamiento, “La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”, aclara el texto.

Revisa la Declaración que recibió el mayor respaldo de la Convención:

Declarción Muñoz y Otros

Ambos puntos, sobre los presos políticos (de la Revuelta y Wallmapu) también fueron recogidos en la Declaración 2, titulada: “Constituyentes demandamos garantías democráticas para la sana Instalación de la Convención Constitucional a los órganos del poder constituido” que surgió principalmente desde constituyentes independientes y pertenecientes a Pueblos Originarios. Esta declaración también agregó una exigencia no menor; sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, a la que el Gobierno de Sebastián Piñera recurrió desde el día uno del Estallido Social y que entre otras características, aumenta las penas.

Dicho punto especificaba el retiro de las querellas interpuestas bajo esta Ley: “Requerimos el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad Interior del Estado, como un imperativo moral y ético para el proceso de transformación institucional que vivimos, por lo que demandamos de parte del gobierno el gesto humanitario de dejar el periodo de persecución y castigo atrás“.

Así mismo, en esta declaración se exigía la elaboración de un conteo oficial de las víctimas y de las personas privadas de libertad luego del 18 de octubre, “Consideramos imperativa la creación un catastro oficial de los presos y presas políticas de la revuelta social, privados de libertad y/o con procesos en curso y de todas las víctimas de la represión estatal”.

Revisa la Declaración 2 completa:

02.07.2021 - Garantias Democraticas al Constituido

En una primera instancia, no se llegó a acuerdo, según mayoría simple, por lo que debió efectuarse una segunda ronda de votos. Luego de la segunda votación y con 105 votos a favor, la mayoría de convencionales se inclinaron por la Declaración 1.

En tanto, una de las voces disidentes con ambas declaraciones fue la de la constituyente María Rivera quién explicó su abstención por redes sociales, defendiendo el Indulto General y Anmistía “para los presos políticos chilenos y mapuche de antes y después del 18 de octubre”.

Toma del INDH por la ACES

La votación de la Convención se desarrolló, mientras paralelamente estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarixs-ACES  realizaban una toma de las instalaciones del INDH en la Región Metropolitana, con la finalidad de exigir la liberación de los presos políticos de la Revuelta y de visibilizar la violencia policial que ha generado más de 500 víctimas de trauma ocular, según denunciaron.

 

La medida de presión que fue apoyada por la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del INDH, AFFINDH, quienes ya han denunciado públicamente la crisis que se vive al interior de la institución dirigida por Sergio Micco, de quien también solicitan su renuncia.

Así mismo, los jóvenes exigen la renuncia al director del INDH, Sergio Micco,  por “no estar a la altura del cargo”. Junto a ello, denunciaron la inexistencia de  medidas de reparación reales y demandaron la aceleración de los procesos judiciales en relación a las víctimas del uso de la fuerza ejercido tanto por efectivos de Carabineros como de PDI y Fuerzas Armadas.

Justamente, este punto abordado por los estudiantes de la ACES, con respecto a que se agilicen los distintos procesos judiciales tanto de violaciones a los derechos humanos en contra de manifestantes, como incluso las responsabilidades penales de agentes del Estado sobre las muertes luego del Estallido Social, no fue abordado por ninguna de las dos declaraciones votadas hoy en La Convención.

 

Deja un comentario