Exigen acelerar tramitación de la Ley de Indulto General:Madres de presos políticos se encadenaron en la Corte Suprema

Fotografías de Joceline Videla

Este jueves 22 de julio, cerca de diez madres de presos de la Revuelta, además de  representantes de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos, llegaron hasta el Palacio de los Tribunales de Justicia para ejercer presión y exigir que el proyecto de Ley de Indulto General para los presos de la Revuelta obtenga un avance real en el Congreso.

Por ello dos de las madres del caso Hotel Principado se encadenaron a las afueras de la Corte Suprema: Elsa Marambio, madre de Matías Rojas (19) y Jovita Guíñez, madre de Jesús Zenteno (22).  Sus hijos, junto a Benjamín Espinoza,  fueron formalizados en noviembre de 2019 por el delito de incendio del Hotel Principado de Asturias, del metro Baquedano y de una dependencia de la Universidad de Chile, lo que los mantuvo 1 año y 5 meses en prisión preventiva. 

Dichas acusaciones fueron desestimadas y se les absolvió en abril de este año, sin embargo, en esa misma jornada el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago resolvió condenar a Rojas a 5 años y 1 día de prisión efectiva, así como a Espinoza y a Zenteno a 6 años con la misma condena, por fabricación y lanzamiento de artefacto incendiario.  

Elsa Marambio, madre de Matías Rojas, acusó las irregularidades del caso, que en su momento, fueron denunciadas por la defensa: “En el juicio de nuestros hijos, los abogados encontraron a todos los carabineros mintiendo, con pruebas falsas, con papeles falsos. A David Gaete Beltrán lo pillaron mintiendo en todo el caso, por eso nuestros hijos salieron absueltos. Nosotros exigimos a Piñera que suelte a nuestros hijos, ellos son estudiantes, les están cagando la vida, mi hijo podría haber sido un profesional, él estaba estudiando, un delincuente no se preocupa de llegar a cuarto medio, de terminar sus estudios. ¡Yo necesito a mi hijo en mi casa!”, sentenció Marambio visiblemente afectada por esta angustiante situación.

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Asimismo, Verónica Verdugo, madre de Nicolás Ríos, cuya violenta detención en las inmediaciones del Cerro Santa Lucía durante el 2019 fue viralizada en redes sociales, también se encadenó y se refirió a la necesidad urgente de que los presos reciban visitas: “Las madres que están aquí encadenadas tienen a sus hijos en prisión preventiva y llevan meses sin poder verlos ¡Esto es inhumano, es cruel!, por eso estamos acá hoy ”, puntualizó la mujer, cuyo hijo se encuentra con arresto domiciliario total desde abril del 2020.

Al encadenamiento en las puertas de Tribunales se sumó  Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), en señal de solidaridad y apoyo ante la situación que,  con angustia e impotencia, viven hace más de un año y medio las familias de quienes se mantienen privados de libertad luego del Estallido Social.

En este sentido, Jaime Fuentes, vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos, reclamó que la tramitación del proyecto de Ley de Indulto General se ha dilatado demasiado ya que no ha sido puesto en tabla de la Comisión y que “esperamos una manifestación por parte de Pedro Araya que nos diga que el proyecto de Ley se votará lo más rápido posible, de esa manera poder avanzar en la tramitación, y que no lleguemos a octubre a cumplir dos años del estallido con presos y presas de la Revuelta Social, recalcó. 

Además, en el caso de los jóvenes del Hotel Principado, Fuentes hizo hincapié en la falta de pruebas que los incriminen, “también queremos efectuar esa presión en la misma Corte, para que ellos tomen en consideración que los chiquillos no son delincuentes, y que mucho menos las pruebas son contundentes para poder efectuar una condena”, sostuvo el abogado, ad portas de que la Corte Suprema se pronuncie ante la solicitud de anulación del juicio con sentencia condenatoria en contra de los tres jóvenes.

A su vez, la convocatoria contó con la participación del Colectivo Lágrimas de Sangre, y el Grupo de Apoyo a Presos Políticos (GAPP). También se hizo presente en el lugar Cristián Valdebenito, hijo de Cristián Valdebenito, una de las víctimas fatales que dejó la represión estatal contra el Estallido Social y que, falleció en marzo de 2020 a metros de Plaza Dignidad, luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por Carabineros.

Aunque esta vez la acción política no fue reprimida por la fuerza policial, sí logró llamar la atención  de los constituyentes que sesionaban en el edificio del frente. En cuanto hubo un receso en la Convención, diversos constituyentes cruzaron la calle para manifestar su apoyo. Así se hicieron presentes Caro Astudillo, María Rivera, Elsa Labraña y Hugo Gutiérrez, entre otros.

Finalmente la Asamblea de Familiares de Presos Políticos aprovechó la oportunidad para convocar a una gran marcha por la liberación de los presos y por la aprobación de la Ley de Indulto que se llevará a cabo el próximo jueves  29 de julio  a partir de las 18.00 horas en el centro de Santiago

Convención Constitucional y la discusión sobre la Ley de Indulto

La situación de los presos políticos fue parte de la discusión que se realizó al interior de la Convención Constitucional el pasado 8 de julio, jornada en que se deliberó sobre el posicionamiento que el poder constituyente adoptaría frente a la realidad que han debido enfrentar  tanto las personas apresadas en medio de la Revuelta Social, como los presos políticos mapuche de Wallmapu. 

Luego de dos votaciones, los votos de la mayoría de convencionales se inclinaron por la Declaración surgida desde el PC, FA y PS en que se exigió “máxima celeridad” a la tramitación del Proyecto de Ley de Indulto General, así como “la inmediata desmilitarización del Wallmapu” y “la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche, entre otros puntos.

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Desde las afueras del Palacio de Tribunales, María Rivera afirmó que su propuesta iba más allá de la Declaración aprobada por la Convención hace unas semanas: “Yo creo que hay un temor muy grande de los convencionales, porque me parece que se asustaron con mi propuesta de libertad a todos los presos políticos chilenos y mapuche, de antes y después. Incluso mencioné al Comandante Ramiro, que me parece un preso político, yo no soy del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FMP), ni amiga de él ni nada, pero creo que los presos políticos no pueden ser diferentes unos de otros, tal como el Estado nos ha querido separar… Creo que tenemos un problema concreto, la prisión política y la criminalización existe en Chile”, denunció la abogada.

Rivera, además, llamó a la población a estar atenta del trabajo constituyente y a apoyar las gestiones de la Comisión de Derechos Humanos recién constituida este miércoles 21 de julio, “ayer resolvimos que se va a constituir una Comisión de Derechos Humanos que va a tratar la prisión política y la reparación, entre otras materias, además de que se va a recibir a los familiares como Convención, por lo que esperamos que eso sea apoyado por miles y miles de personas para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo”, finalizó. 

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