Mientras parlamentarios aprueban medidas que buscan criminalizar aún más la protesta en Chile:Familiares exigen liberación de presos políticos en prisión preventiva

Fotografía de Sebastián Montalva
Reporteo y fotografías de Sebastián Montalva

Desde mediados de octubre, cerca de 2 mil personas permanecen en diferentes cárceles del país. Han sido detenidos y detenidas en diferentes circunstancias, tanto en manifestaciones de protesta social, como transitando en la vía pública. Sus familiares exigen que sean tratados como prisioneros políticos, que se regularicen las condiciones en que cada uno de ellos y ellas está cumpliendo con la medida cautelar fijada y que ésta no sea la prisión preventiva.

Según cifras entregadas por la Fiscalía de Chile, entre el inicio del estallido social chileno, el 18 de octubre, y el pasado 22 de noviembre se registraron 30.102 controles de detención a nivel nacional.  De este total, más de 22 mil personas fueron formalizadas y 1.957 de ellas fueron judicializadas por desórdenes públicos.

A 49 jornadas de que se iniciara esta crisis política sin parangón en la historia del país, la Coordinadora por los Presos Políticos 18 de octubre realizó su primera rueda de prensa acompañada por abogados del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo (CDP) y otras organizaciones.  El escenario fue el sector de visitas de la Cárcel Santiago 1.

Consultada por Proyecto Aurora, Claudia Rodrigo, abogada y miembro de la Coordinadora 18 de octubre,  comentó que tienen conocimiento de casos donde las condiciones de salud en la que se encuentran algunas personas privadas de libertad, tras el estallido, son terribles. “Conocemos el caso de unos jóvenes que fueron detenidos, los pasaron a prisión preventiva con 7 balines en el cuerpo y después de un semana todavía no se los sacaban, estando aquí en Santiago 1, seguían con los balines en el cuerpo. Hay situaciones de salud que son nefastas, que son vulneraciones absolutas a los derechos humanos”, mencionó.

Además, la abogada agregó que una de las finalidades asumidas por la Coordinadora 18 de octubre es que los y las presas políticas sean considerados como tal por el sistema penal, “que ellos puedan estar en un módulo especial de presos políticos, de presos en las cárceles de hombres y de presas en las de mujeres, sabemos que hoy en Santiago 1 la mayoría están en el módulo 14, pero también están en otros módulos”. Información que la organización de familiares irá recabando a nivel nacional.

El pueblo defiende al pueblo

La dictadura cívico militar chilena iniciada en 1973 dejó muchos, sino miles de crímenes de lesa humanidad que hasta hoy no tienen castigo ni, cuyos autores, han recibido condena. Sin embargo, gracias a quienes sobrevivieron al terrorismo de Estado y a la violación sistemática de los derechos humanos, la resistencia se vuelve un aprendizaje.

Desde esta historia de lucha se instala en la época de la dictadura el concepto de El Pueblo defiende al Pueblo. En este sentido, Eduardo Arancibia, del Comité de Recuperación Cuartel Borgoño, relató que “cuando nosotros vemos que los compañeros, prisioneras y prisioneros políticos, encarcelados hoy, fueron quienes abrieron este caudal de reivindicaciones democráticas, populares y rebeldes. Hoy están encarcelados, dispersos, solos y les han vulnerado todos sus derechos, no podíamos sino rescatar ese concepto de “El Pueblo defiende al Pueblo” y en ese entendido vimos un primer instrumento para visibilizar, para denunciar y tomar medidas enérgicas en contra de esta situación, a la Coordinadora de las y los presos políticos 18 de octubre.”

Criminalizar la protesta social

La organización que busca visibilizar la situación de las y los prisioneros políticos a nivel nacional,  es creada justo en el contexto de discusión parlamentaria en torno a las medidas represivas del gobierno de Sebastián Piñera enviadas como proyectos de ley al parlamento. Paquete de “urgencias” del ejecutivo, que a pesar de una aprobación ciudadana que ha ido en picada desde el mismo 18 de octubre llegando en noviembre al 4,6 % según la Encuesta Pulso Ciudadano, han sido aprobadas en sus primeros trámites, quedando a la espera de su avance legislativo.

Se trata de las llamadas leyes antisaqueos y antibarricadas. El proyecto de ley define el concepto de desorden público en 7 situaciones diferentes donde se especifica que serán sancionados actos como: paralizar o interrumpir el funcionamiento de servicios públicos; el lanzamiento de elementos contundentes de diversa naturaleza; la destrucción total o parcial de bienes privados o públicos; el incendio o uso de elementos que impidan el libre tránsito de personas o vehículos; el impedimento de la circulación de bomberos u otros servicios de utilidad pública; la usurpación de bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.

En tanto, Andrés Molina y Sebastián Álvarez, diputados de la Araucanía, aprovecharon la oportunidad para incorporar una indicación que busca sancionar tomas de predios agrícolas, lo que en la práctica, por ejemplo, criminalizaría aún más las acciones de reivindicación de las demandas del Pueblo Mapuche o de quienes levantan campamentos por carencia de viviendas.

La normativa aprobada en general, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables a 5 años y un día. Junto a ello, se elevarían las penas para el robo en lugar no habitado, cuando el delito se cometa “con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público”. En adelante, la discusión pasará a la Comisión de Seguridad Pública para que sea revisada en particular.

Las lágrimas de cocodrilo de algunos frenteamplistas que se han disculpado por el “error” de votar a favor de la agenda represiva y criminalizadora de Piñera y el apoyo en pos de la “seguridad pública” de los ex partidos de la concertación,  no logran apaciguar las aguas de la revuelta que conforme pasan los días no recibe respuestas ni soluciones concretas y reales a sus demandas. Por el contrario, ve cómo la clase política continúa desde su sitial de privilegios interfiriendo en la organización y manifestación del descontento social, criminalizando la protesta legítima ante la precarización de la vida.

Así también lo hicieron ver un grupo de más de 30 abogados y abogadas que afirmaron su tajante rechazo a que la iniciativa sea promulgada en los términos hasta ahora aprobados en ambas cámaras.

Incluso, sin estas leyes ya existen cerca de 2 mil personas privadas de libertad, muchas de ellas acusan montajes, detenciones por encargo, participación o incitación de policías infiltrados en las manifestaciones e incluso acusaciones que no poseen pruebas y otras que si bien han sido sustentadas en medios de prueba, como el caso de Álex Cortés, profesor que dañó un torniquete del metro y quien lleva más de un mes en prisión preventiva.

Las posibles condenas, en estos casos, demuestran la desigualdad que existe a la hora de hablar de la justicia y sus resoluciones, si estas son comparadas con quienes desde la esfera del poder cometen actos delictuales en reconocidos casos de corrupción política. Un ejemplo de ello es Laurence Golborne, ex ministro de Piñera que facilitó facturas falsas por $378 millones al holding Penta y que, tras 5 años de investigación, fue sólo multado a pagar 11 millones, 400 mil pesos, luego de que la empresa financiara parte de su campaña senatorial en 2013.

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