Violencia estatal desatada:Aumentan víctimas, gravedad de lesiones y hostigamiento policial en La Araucanía

Fotografía de Felipe Leal
Fotografía de Felipe Leal

Si bien la presencia policial, represión estatal y la militarización es una constante en comunidades mapuche de la región de La Araucanía, el proceso actual de crisis política ha hecho que la violencia del Estado esté propagada por toda la región, e incluso, con una sistemática violación a los Derechos Humanos desde el extremo norte al sur austral de Chile.

A un mes de iniciado el estallido social chileno, la movilización no ha decantado ni ha cedido en la utilización del espacio público para manifestar su descontento con las políticas neoliberales que han llevado a la precarización de la vida de millones de chilenos y chilenas. La represión policial, comandada desde el gobierno de Sebastián Piñera, tampoco ha retrocedido ni ha acatado la urgencia de suprimir el uso de escopetas antidisturbios y de gases lacrimógenos en contra de la población civil que se expresa pacíficamente.

El pasado viernes 15 de noviembre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de La Araucanía entregó su último balance, en el que se informa de 56 acciones judiciales emprendidas por el organismo. De ellas, 54 son querellas, 1 amparo preventivo y 1 amparo de garantía que según Federico Aguirre, director regional del INDH, buscan determinar la responsabilidad en calidad de autor, cómplice y encubridor de personal uniformado. Mayoritariamente de Carabineros de Chile por el uso de escopetas antidisturbios y las lesiones que ha ocasionado ese uso en las personas. En este minuto, 25 de estas querellas son por el delito de lesiones graves gravísimas, es decir, por la amputación del globo ocular, estallido del globo ocular o la pérdida de visión como consecuencia del impacto de granada lacrimógena o perdigones”, detalló Aguirre.

Violencia sexual y torturas

El jefe del INDH en La Araucanía, destacó que “hay tres casos donde lo que se persigue es determinar la responsabilidad por el delito de apremios ilegítimos o torturas. En dos de estos tres casos, uno en Pucón y otro en Temuco, son jóvenes mujeres que fueron obligadas a desnudarse, a ponerse en cuclillas y en momento de la detención, en lugares distintos y días distintos, ellas refieren haber sido golpeadas con objetos contundentes o con un puntapié en sus zonas genitales. Esas conductas, nosotros las reprochamos, del punto de vista penal, como delito de tortura con violencia sexual por las características de la víctima”.

Estos, según Aguirre, no son casos aislados: “en la región, nosotros hemos hecho declaraciones bien claras al respecto, las violaciones de las que hemos sido testigos son masivas, son violaciones graves a los DDHH,  son violaciones extendidas en el territorio, no son hechos aislados, y pesan sobre el Estado obligaciones concretas y bien precisas, no sólo de garantizar medidas de no repetición, sino que en este cuadro de violaciones masivas; el de garantizar el acceso a la justicia a la víctimas, el empezar a hablar de verdad y  de reparación, que pensamos era propio de una época de dictadura”.

Zona Lacustre

Una de las áreas geográficas donde carabineros ha actuado con prácticas absolutamente fuera de protocolos nacionales y estándares internacionales ha sido parte de la Zona Andino Lacustre, específicamente en Villarrica y Pucón.

En Villarrica se registró el caso de un joven que fue controlado en la vía pública luego de participar en una marcha. Al ver que uno de sus amigos era atacado por uno de los carabineros, Adán Castro golpeó a uno de los uniformados y le quitó su arma de servicio que había sido desenfundada por el policía. Luego de esto fue detenido y brutalmente golpeado por carabineros al interior de la 7° Comisaría de Villarrica. Al día siguiente fue formalizado por robo con violencia y quedó con medida cautelar de arresto domiciliario. Sin embargo, el INDH regional ha interpuesto una querella por apremios ilegítimos en contra de los efectivos de carabineros que resulten responsables.

En Pucón, según indica la Comisión de Derechos Humanos de la Plataforma Ciudadana de la ciudad, que reúne a 12 organizaciones sociales locales, están en conocimiento de al menos 12 denuncias por distintos delitos cometidos por la policía. Casos que se encuentran en investigación y que han sido derivados tanto al INDH como al Centro de Investigación y  Defensa Sur (CIDSUR).

Al respecto, según informó el INDH, se denunció el caso de violencia sexual en contra de una mujer. Así mismo, 4 otros casos de apremios ilegítimos, uno de ellos en contra de un menor de edad. En total, el organismo está acompañando a las víctimas a través de 6 acciones judiciales.

Casos en Temuco

En la capital regional, se han registrado gran cantidad de los abusos y violaciones a los derechos humanos que han afectado tanto a manifestantes como a observadores de distintas organizaciones. 

Uno de estos casos se relaciona con personal militar del Ejército que el 22 de octubre detuvo a dos jóvenes que se manifestaban en un cacerolazo en Villa Millaray. Ambos, luego de ser golpeados y maniatados, fueron subidos a un jeep militar, donde se les dijo que se les llevaría  a una comisaría. En el trayecto recibieron amenazas de ser expuestos a una cama electrificada. Finalmente, los trasladaron hasta el cerro Mariposa, en las cercanías del Cementerio General de la ciudad. En el lugar recibieron agresiones y se les obligó a pararse en frente de un paredón donde los militares simularon su fusilamiento. Posterior a la traumática experiencia y luego de ser nuevamente golpeados, los dos jóvenes fueron dejados en libertad. A raíz de este caso, abogados del CIDSUR interpusieron una querella criminal por los delitos de secuestro y tortura en carácter de lesa humanidad que fue acogida por el Juzgado de Garantía de Temuco.

Otro caso es el que afectó el 14 de noviembre al Hogar Mapuche Universitario Pelontuwe en Temuco. Luego de reprimir una protesta, carabineros irrumpió violentamente en el Hogar rompiendo puertas y ventanas, golpeando, disparando y deteniendo a 11 estudiantes. 

Brigada de Salud Universidad de La Frontera. Fotografía de Felipe Leal

Las cifras

A nivel nacional, el INDH registra 2.535 personas heridas, hasta el pasado 21 de noviembre. Por su parte las cifras regionales, hasta el viernes 15, apuntan a 85 personas lesionadas por acción policial, de las cuales 6 son niños y niñas. Al respecto, Aguirre fue enfático en señalar que las cifras que ellos manejan desde el INDH regional se refieren sólo a las personas que ellos han logrado atender y que en ningún caso se trata del total de víctimas. “Son muchas más las personas lesionadas, y eso nosotros lo sabemos porque estamos cotejando nuestra información con los reportes de salud tanto de Araucanía Sur y Araucanía Norte”, mencionó.

Justamente, este lunes 18 de noviembre distintas organizaciones de derechos humanos entregaron su propio balance de personas afectadas por la represión estatal, en un punto de prensa realizado en Temuco.

En la oportunidad, Yenko Nahuelpán, representante de la Brigada de Primeros Auxilios de la Facultad de Salud de la Universidad de la Frontera, repudió el accionar policial denunciando que dos de los miembros de esta brigada han sido detenido. “Uno de nuestros compañeros fue detenido dentro de la facultad mientras se encontraba realizando funciones de salvataje. No entendemos esta situación que se está generando desde carabineros, el hostigamiento constante que recibimos en la facultad, el bloqueo de nuestra entrada, disparos hacia adentro de la facultad, disparos de gases lacrimógenos y la irrupción que ejercieron con la detención que comenté”, señaló el vocero.

Posteriormente, Nahuelpán entregó el detalle de las estadísticas de la Brigada de Primeros Auxilios precisando que desde el 25 de octubre al 17 de noviembre han atendido a 367 personas, de las cuales 129 han sido intoxicadas por los gases lanzados por carabineros, 4 han sufrido crisis de pánico, 19 personas han recibido disparos al cuerpo de bombas lacrimógenas, 154 han resultado lesionados de diversa gravedad por disparos de perdigones y 3 personas han chocado o sido atropellados por vehículos policiales.

Junto a ello, Nahuelpán, detalló que el día de mayor violencia policial y complejidad en cuanto a las atenciones fue el pasado 14 de noviembre, jornada en que se registraron 176 personas heridas, significando el 50% del total de las atenciones de primeros auxilios que llevan a la fecha.

Luego de la difusión de los resultados del estudio realizado por el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, se levantó la polémica sobre la composición material de los proyectiles que carabineros está disparando en contra de la población civil. Dicho informe indica que estos proyectiles están compuestos sólo 20% de caucho, mientras que 80% corresponde a plomo, silicio y sulfato de bario. Consultado por su apreciación al respecto, Nahuelpán señaló que “los perdigones que hemos constatado son de acero forrados en goma, también hemos visto bolsas de género con perdigones metálicos en su interior y directamente perdigones metálicos que han sido disparados al interior de la facultad”.

El representante de la Brigada de Primeros Auxilios, comentó la gravedad de que estos proyectiles queden al interior del organismo, ya que estos pueden llegar a movilizarse. Lo que han podido constatar en diversos casos. Los perdigones pueden quedar incrustados afectando los vasos de la persona cosa que imposibilitaría su retiro y también provocaría problemas vasculares, problemas de futuras úlceras venosas, problemas de circulación y problemas de movilización producto de que también pueden afectar el músculo, directamente… Puede provocar, por ejemplo que una persona tenga dificultades para poder caminar a largo plazo y que requiera una recuperación que hoy en Chile no existe”.

“Carabineros perdió el norte”

Por su parte, Vivian Palacios, directora regional de la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, afirmó con respecto a los y las detenidas que sus edades fluctúan entre los 15 y 21 años de edad y que en su mayoría es primera vez que los detienen, “y que es una clara muestra de la forma en que el Estado criminaliza la protesta social. Decir también que como abogadas feministas de Chile no tenemos duda de que Carabineros como institución ha perdido completamente el norte. Nosotras como parte de la red, que está prestando esta ayuda voluntaria y comunitaria, tenemos antecedentes inequívocos de que carabineros ha cometido actos que constituyen vandalismo, que constituyen delincuencia y que son responsabilidades que van a tener que ser investigadas, van a tener que ser perseguidas tanto civil como penalmente”.

Asimismo, agregó que prontamente interpondrán los recursos de amparo correspondientes a favor de observadores de derechos humanos, quienes han sufrido hostigamiento y violencia policial en momentos que ejercen sus labores voluntarias en la calle. Según Palacios, el 70% de quienes practican la observancia de derechos humanos son mujeres, lo que según la representante de Abofem se convierte en una nueva forma de criminalización de los roles que las mujeres prestan a estas labores.  Además, desde el organismo anunciaron acciones legales en favor de reporteros gráficos, periodistas, entre otros.

Un panorama complejo que según los distintos organismos de derechos humanos demuestra una escalada en la violencia con la que se está reprimiendo la manifestación social y que al parecer no tiene límites que la frenen ya que incluso acciones judiciales que han ordenado detener el uso de balines y gases lacrimógenos por parte de carabineros no han sido acatadas.

Es el caso particular del amparo preventivo interpuesto por el INDH regional en La Araucanía acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco que ordenó a carabineros abstenerse del uso de balines y bombas lacrimógenas en las cercanías del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, con tal de resguardar la integridad de usuarios y funcionarios del recinto de salud pública. Orden que no ha sido acatada por la institución policial que continúa con el uso indiscriminado de estas armas no letales de disuasión. En ese sentido, Federico Aguirre, jefe regional de INDH, indicó que “vamos a poner en conocimiento estos hechos ante la Corte Suprema y vamos a seguir exigiendo que se establezca este perímetro de exclusión y de no fructificar aquello y de no avanzar en esa solución judicial, vamos a presentar denuncias por desacato, derechamente, vamos a acusar a quien tiene la responsabilidad de mando que no está cumpliendo con su obligación, que no está cumpliendo con la resolución judicial”.

Mutilados oculares, el vergonzoso récord chileno

Según la Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof) desde el 18 de octubre al pasado 20 de noviembre se contabilizaron 220 pacientes con trauma ocular severo que se han atendido en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador, el centro de atención más importante del país en esta especialidad. Junto a ello, en el mismo periodo existen otros 74 casos confirmados y registrados en otros centros de atención de salud pública y privada tanto en Santiago como en otras regiones del país.

En suma, estamos hablando que a un mes de las intensas manifestaciones sociales chilenas, 294 personas han sufrido lesiones de gravedad en uno de sus ojos o incluso en dos, como es el trágico caso de Gustavo Gatica, herido en la Plaza de la Dignidad el pasado viernes 8 de noviembre

Una cifra que sin dudas eriza la piel y demuestra la brutal represión ejercida desde los agentes del Estado hacia la población civil movilizada. No sólo por el número a secas y el uso indiscriminado de los balines, perdigones y bombas lacrimógenas; sino por el debido análisis que debe hacerse del mismo, como por ejemplo la distancia desde la cual los efectivos efectúan los disparos; la dirección de los mismos, fundamentalmente a la parte superior del cuerpo e incluso a la cabeza; y la composición de estos proyectiles

En La Araucanía, los casos por trauma ocular constatados por el INDH regional, hasta el 15 de noviembre, son 7 heridos por perdigón, de los cuales 3 sufrieron estallido ocular y 1 persona herida por lacrimógena que perdió la visión en el ojo afectado.

Casos que en suma han generado que diversos organismos de derechos humanos internacionales pongan sus miradas en Chile. Este jueves 21 de noviembre y luego de tres semanas de observancia, Amnistía Internacional anunció los resultados de su informe concluyendo que “las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente, especialmente el Ejército y Carabineros, están cometiendo ataques generalizados usando la fuerza de forma innecesaria con Intención de dañar y castigar a manifestantes”. Informe que fue refutado no sólo por el gobierno sino que también en un inédito comunicado deliberante publicado por las Fuerzas Armadas, quienes respaldados por Alberto Espina, ministro de Defensa, también rechazaron categóricamente los resultados del Informe sobre violación a los derechos humanos en Chile, que entre sus recomendaciones afirma la necesidad de que “Los órganos de justicia deben investigar la responsabilidad del mando en las violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis en manos del Ejército y la policía”.

Si bien el pasado martes 19 de noviembre, el general director de Carabineros, Mario Rozas, anunció la suspensión del uso de balines antidisturbios, estos han continuado hiriendo a manifestantes en distintos puntos del país. Hasta ese mismo día, en la región se registraron 11 casos de personas con lesiones oculares graves en la región.

Junto a ello, este 21 de noviembre el Hospital de Temuco recibió el actuar de Fuerzas Especiales, lo que fue denunciado a través de redes sociales, quedando de manifiesto el desacato de carabineros a la orden judicial de no utilizar gases lacrimógenos en las cercanías del recinto de salud. 

Violencia policial que más allá de los anuncios y prohibiciones, continúa actuando desaforadamente y registrando graves violaciones a los derechos humanos en la región de La Araucanía, con prácticas repudiables que atentan contra manifestantes, observadores, funcionarios de salud e incluso transeúntes y pacientes del Hospital regional.