Verónica Figueroa Huencho, académica Mapuche:“La interculturalidad no es más que una aspiración”

A partir de su amplia trayectoria en la investigación de la gestión pública y los procesos de formulación e implementación de políticas públicas relacionadas a los Pueblos Originarios, recorrimos la construcción histórica de la institucionalidad chilena; desde cómo este devenir ha forjado el sistema educativo, hasta la judicialización de las demandas actuales del Pueblo Mapuche.

Dr. Verónica Figueroa Huencho - Fotografía extraída de www.upla.cl
Dr. Verónica Figueroa Huencho – Fotografía extraída de www.upla.cl

¿Cuáles serían los hitos que destacarías en la construcción de la institucionalidad chilena vinculada  a los Pueblos Originarios que habitan este territorio? 

Podemos reconocer dos factores que inciden en esta construcción. Uno de ellos es la homogeneización que se busca desde el Estado. El otro tiene que ver con la tenencia de la tierra. Si bien, no existía una institucionalidad propiamente indígena, la mayoría de los decretos que se fueron dictando y con gran fuerza hasta la dictadura, estaban focalizados en quitar territorio. Primero, en desconocer la existencia de un territorio indígena y después propiciar la llegada de colonos, dándoles facilidades para su instalación y para el uso de la tierra. Segundo, la dificultad para probar la existencia de títulos de dominio, entre otros, para poder acreditar la tenencia de esta tierra, que, obviamente, de manera ancestral antes de la llegada de esta abstracción llamada Estado Chileno, no existía. Lo que termina en la dictadura, con la subdivisión máxima; la reducción de las comunidades, algo en lo que, anteriormente, se había avanzado, al menos un poco con la Reforma Agraria de Frei, y otro poco en el gobierno de Salvador Allende, pero que tuvo un gran retroceso con la dictadura

Ya después hablar de un nuevo ciclo en un contexto de democracia, con la existencia de una institucionalidad específica sin muchas atribuciones, sobre todo de atribuciones políticas, como lo es la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena [CONADI] en 1993 con la Ley 19.253, es otro hito histórico importante, con todos sus grises, entendiendo que no se trata de un ministerio si no que más bien tiene la calidad de un servicio público, con un presupuesto muy ajustado y pocas atribuciones políticas. En Chile, en esa época al menos, no existe ninguna instancia que centralice la política indígena, que formule política indígena de hecho. Yo diría, que en gran medida, depende de la voluntad de cada ministro o ministra de turno, de poner en sus agendas educacionales, de salud, de vivienda, de agricultura, etc, la temática indígena expresada a través de distintos programas. Pero no hay ninguna instancia que centralice la política indígena, y de alguna manera también, en ese diseño institucional precario se le entrega a la CONADI la solución de un problema complejísimo que se venía arrastrando desde inicios de la instalación de este Estado, que tiene que ver con el reconocimiento de la tenencia de la tierra.

Aún más: la ley fue muy pobre en el reconocimiento de los derechos de la tierra donde no se incorporaron concepciones, que desde el mundo indígena se esperaba instalar, como conceptos de territorio, por ejemplo, que involucraran una concepción más integral, propia de las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Esto significa, también, para una legislación pensada y diseñada desde una lógica occidental, el hacer un esfuerzo, diría yo, por entender que desde la mirada indígena la tierra no se trata sólo de medir en hectáreas sino que se trata más bien de la ancestralidad, de los equilibrios materiales e inmateriales; del acceso a determinados recursos, mirados éstos desde un punto de vista occidental, pero que tiene que ver más bien con las energías, desde el mundo indígena; y eso obviamente ha ido derivando en que los distintos gobiernos, desde la creación de la ley, hayan avanzado bastante poco en esos términos.  

Diría que otro hito relevante fue en el año 2008 la ratificación del Convenio 169 de la OIT que, también, fija un estándar para la toma de decisiones de los gobiernos en todo aquello que impacte a los pueblos indígenas, pero en términos del diseño político institucional, luego de la ley, no ha ido variando mayormente, no ha habido un cambio. Te diría, incluso, que pensando en que hayan gobernado varias coaliciones a la fecha, no ha habido un cambio sustantivo en la manera de relacionarse con los Pueblos Indígenas

Palín, Llaguepulli, La Araucanía. Autor: viajedialectico.com.

El concepto de Desarrollo Indígena en la institucionalidad chilena

Justamente, en toda esta institucionalidad y en esta construcción de políticas públicas relacionadas a los Pueblos Originarios se hace hincapié en el concepto de desarrollo indígena, pero un desarrollo indígena mirado desde el Estado, en ausencia de una cosmovisión mapuche, en este caso, sino que vista desde un sistema económico neoliberal..

Exacto, yo te diría que ahí hay un tema importante porque cuando tú quieres romper estructuras, cuando tú quieres plantear cambios de fondo en esta sociedad chilena, en esta sociedad que, como te decía en un inicio, fue diseñada desde una lógica homogeneizante, en una lógica de una sola nación, tienes que ceder espacios de poder. Si bien, se podría decir que los pueblos indígenas han sido invitados a participar en comisiones, nunca han sido actores relevantes, desde una dimensión política, en el diseño, o en el pensar desde su propia concepción qué involucra, por ejemplo, un desarrollo para este Estado chileno, y no en un desarrollo pensado desde la lógica occidental, principalmente vinculada a la explotación de recursos, en una lógica muy economicista y, por lo tanto, muy unidimensional. 

La riqueza de los Pueblos Indígenas es que allí hay propuestas políticas, económicas, culturales, sociales que buscan transformar a estas culturas, a estas naciones, a estos pueblos que convivimos dentro de este Estado. Yo diría que el gran punto está en que aquellos que diseñan, que definen y que están en las instancias de poder no tienen una voluntad real de generar un cambio, en la lógica que tú decías, se diseña desde un lugar, se diseña desde una forma de mirar el mundo, desde una lógica occidentalista, racionalista, economicista, en el último tiempo, como una disciplina que se ha vuelto hegemónica en el ámbito político. Por lo tanto, la mayoría de los avances que se quieran dar estarán en la medida de lo posible, siempre y cuando no pongan en jaque o en riesgo a aquellos elementos que estos actores con poder no están dispuestos a transar.

Quizás pensar en formas de representación distintas supone cuestionarnos las lógicas de partidos con las que funcionamos hoy día; si las reglas que nos hemos dado en este juego democrático son las adecuadas, entre otras tantas cosas; si el diseño de nuestro modelo educativo es el apropiado, para favorecer realmente a una sociedad plurinacional, con pluricultura; si nuestro sistema sanitario es el más apropiado; y así vamos sumando. Por lo tanto, es romper esquemas y yo creo que no hay hoy los espacios para romper esos esquemas. Todos los anuncios, las propuestas de cambio, están dentro de una estructura que no está dispuesta a cambiar.

Negación de la legitimidad de la cultura originaria. Multiculturalismo v/s Interculturalidad

Si nos vamos un poco atrás en el tiempo, y en base a lo que comentas sobre la construcción de estas políticas públicas ha surgido el concepto de interculturalidad, pero teniendo en cuenta que el proceso de colonización europeo negó la singularidad de la población originaria de América, obligó a las culturas presentes a asumir roles, tradiciones, lengua, religión, etc, de la cultura invasora y que luego de este extenso y sanguinario periodo histórico, prosiguió la formación de los Estados-Nación latinoamericanos que continuaron con este modelo europeizante, persistiendo en esa homogeneización de la población y en la negación de la legitimidad de la cultura originaria, lo que también pasó con los primeros tratados firmados entre el Pueblo Mapuche y la naciente república chilena. Teniendo en cuenta ese contexto y esa historia, ¿qué tan colonizados y colonizadas estamos hoy?

Yo diría que la situación actual de los pueblos indígenas no puede ser analizada sin dar cuenta de una historia. Además, hay una historia que ha sido contada desde una sola mirada, la que permeó toda la institucionalidad política, todo el diseño institucional y por lo tanto, las reglas del juego que se dieron en este Estado y que no han cambiado mayormente. ¿Qué involucra eso? Que estamos luchando contra un sistema educativo que no le dio un lugar a los pueblos indígenas, donde estas estructuras educativas han mostrado que hay una forma de conocimiento que es la válida, que hay una forma de aproximarnos a la realidad que es la válida, que hay un método que es el válido, y es tan eficiente ese método educativo, que prácticamente nos ha programado desde la más tierna infancia para pensar y para relacionarnos con los iguales y para relacionarnos con los otros de una manera distinta. 

Pensemos, incluso, en los relatos que los propios historiadores mapuche han ido mostrando, respecto de cómo este sistema educativo castigaba el uso del mapudungún, castigaba el uso de vestimentas tradicionales, castigaba muchas veces la participación de estos niños en festividades y ceremonias, etc. Por lo tanto, yo diría que la colonización persiste. Si uno mira cifras, por ejemplo, respecto de la lengua, los niños entre 0 y 14 años en un 83% no hablan ni entienden la lengua. Es allí donde está el futuro, la lengua como un sustento de supervivencia cultural. Para mí, en un ánimo bien pesimista, te diría que la interculturalidad no es más que una aspiración; no  es más que el nombre rimbombante que se le ha dado a algunos programas, pero que no tienen interculturalidad, no puede ser algo intercultural cuando sólo se focaliza en la población indígena, cuando sólo se focaliza en algunas regiones.

La lógica multicultural, que se extendió desde los 60 a la actualidad,  más bien planteó, -reconozcamos que existen múltiples culturas, múltiples funciones, pero no cuestionemos la estructura de poder-, ha sido muy eficiente. En el caso de Chile, hemos seguido un poco esa tendencia, de asumirnos como un país que sí tiene culturas, pero que esas culturas enriquecen a la nación chilena, en el fondo. Cuando uno escucha los discursos políticos, están muy pensados en cómo –nuestros- pueblos indígenas -nos- enriquecen en cuanto a Nación, qué es lo que –nos- pueden aportar para una vida saludable; pero no salimos de aquello. Una real interculturalidad supone poner sobre la mesa qué es lo que estamos dispuestos a cambiar.

Meli Wuayra. Dúo Aislap. Museo a cielo abierto de San Miguel.

Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Originarios 

Vemos que la constitución no hace un reconocimiento oficial de los Pueblos Originarios. ¿Qué implicaría un reconocimiento de Chile como una nación plurinacional en la constitución?

Yo creo que, obviamente, el reconocimiento constitucional no es la solución, es un requisito necesario pero no suficiente para generar un cambio. Si pensamos que la constitución se convierte en el depositario de este gran pacto social, político y que rige las relaciones dentro de este Estado, sin dudas, que se reconozca que Chile es un país Plurinacional; que dentro de este Estado, existen muchas naciones y que no sólo son naciones sino que tienen características de Pueblo y que por lo tanto, tienen derechos que se hacen exigibles en su calidad de Pueblos, que están reconocidos en los pactos y en las normas internacionales que en el caso de Chile, ha ratificado de manera mayoritaria. Entonces creo que el reconocimiento constitucional es sin dudas relevante, porque la constitución articula todo este pacto, lo aterriza en políticas, en directrices; en un diseño político, de instituciones y de la administración pública y de cómo todo aquello va permeando en la vida de aquellos que habitamos en este Estado.

Pero claro, la redacción de ese artículo es crucial: si insistimos en la propuesta que hizo la presidenta Bachelet antes de terminar, cuando ella propone que se reconozca en la constitución, y redacta:”La Nación chilena reconoce la existencia de pueblos”, seguimos entonces, de alguna manera, negando el rol central que se requiere cuando hablemos de una plurinacionalidad. Es muy importante ese reconocimiento y hay que pensar muy bien cuál va a ser la redacción de ese reconocimiento, cuáles van a ser los conceptos que van a estar ahí. Esos conceptos, en definitiva, le van a dar también un estándar a otro tipo de derechos: sociales, culturales, económicos de los pueblos indígenas. De ahí la relevancia. 

Ceremonia mapuche. Llaguepulli. Autor: Viajedialectico.com.

En ese sentido, ¿cómo ves el panorama con respecto a los otros pueblos originarios de Chile? Siempre estamos enfocados al que mete más bulla, que es el Pueblo Mapuche, que exige sus derechos, su territorialidad, su simbolismo, su cosmovisión, pero, ¿qué pasa con los otros pueblos, con el aymara, el rapanui, por ejemplo?

Yo creo que aquí, obviamente, se ha “mapuchizado” la política. La política pública, en el fondo, cuando uno piensa en cómo se ha diseñado en los últimos 20 a 25 años, está muy pensada en el Pueblo Mapuche, en el territorio de la Araucanía; está muy pensada en la explotación de recursos en esta zona y, obviamente, la reivindicación del Pueblo Mapuche se toma la agenda y como se toma la agenda y tiene visibilidad, de alguna manera, es la que va a jugar con mayor ventaja para posicionar sus temas. Como es el que tiene mayor magnitud también -más del 90% de la población indígena se autoidentifica como mapuche-, obviamente, en las lógicas de representación siempre van a ser una mayoría. Pero como tu decías muy bien, no nos olvidemos que en Chile existen 9 etnias, porque la Ley no les da el carácter de Pueblo; 9 etnias con cosmovisiones distintas, con realidades distintas, que  han sufrido estas políticas del Estado de maneras distintas. Pensemos en los pueblos del sur, pensemos en los yaganes, pensemos en la explotación de la que fueron sujetos; que hoy día, prácticamente, están en extinción, pero existen todavía, ahí también la historia los ha negado, pero todavía existe población que se autoidentifica. Están los pueblos del norte con sus propias realidades, con sus propios problemas con el agua, o su relación con las empresas mineras…

Cada una de estas nueve etnias tiene realidades y demandas distintas. Lo que pasa es que no han tenido la posibilidad, creo yo, de captar la atención de la agenda como para poder presionar y poner sus temas allí, porque las reglas del juego, en el caso chileno, terminan primando estas mayorías, en detrimento de estas otras. Pensemos, por ejemplo, que los programas de educación intercultural bilingües, han intentado rescatar el mapudungun, el rapanui y el aymara y el resto no tiene financiamiento público para hacer ejercicio de fortalecimiento de sus lenguas o de sus propias medicinas; entonces, claramente están en detrimento también.

Yo creo, que muchas veces estos anuncios que se hacen con focalización en La Araucanía, si no se entienden como un punto de apalancamiento para el reconocimiento de derechos en un nivel mucho más transversal, corremos el riesgo, en el fondo, de minar este capital de relaciones entre los otros pueblos que habitan este territorio. El caso de rapanui, quienes han avanzado en sus propios diseños institucionales, en sus propios consejos,  también les favorece el ser una isla, y quizás tener un mayor control de ese territorio, pero no es lo mismo que ocurre con los otros pueblos. La política pública, en la medida en que pueda estandarizar, hace más fácil también la gestión, y yo creo que allí ha habido una intencionalidad; en no incorporar la diversidad, porque hace más difícil la definición, no sólo de la política pública, sino que la implementación de la misma.  

Criminalización de las demandas. De la institucionalidad política al poder judicial.

Mural Libertad a los presos políticos mapuche. UMLEM

Por último, preguntarte sobre tu parecer acerca de lo que está pasando en el mundo judicial, de lo que está pasando con ciertos montajes que se han ido dando durante décadas ya, donde el Pueblo Mapuche a través de sus dirigentes se ha visto encarcelado, se ha visto en la obligación de hacer extensas huelgas de hambre para poder visibilizar estas injusticias, y este trato discriminatorio a través no solamente de los procesos judiciales comunes, sino que además porque se le ha obligado a seguir estos cursos judiciales a través de la aplicación de la Ley Antiterrorista. ¿Qué te parece este panorama judicial desde el cual se han intentado quebrantar estas luchas y se ha tratado, finalmente, de acallar las reivindicaciones del Pueblo Mapuche?

Yo creo que esa ha sido una estrategia que desde mediados de los noventa utilizaron los gobiernos para hacer que estas reivindicaciones y demandas salieran de la agenda política, como ocurrió, principalmente, en los primeros años de la democracia. La solución a estas reivindicaciones, sobre todo cuando no encontraban respuestas en la institucionalidad y recurrían a acciones de fuerza, si se iban al poder judicial, entendiendo que hay independencia de poderes, eso iba a hacer que las soluciones se fueran por una vía y no afectaran la agenda política;  lo cual fue un error tremendo.

Lo que estamos viendo es que una demanda ancestral de carácter político, está siendo no solamente llevada por una justicia que poco y nada entiende de la naturaleza de estas reivindicaciones, sino que además ha implicado la aplicación de leyes especiales como son la Ley Antiterrorista o la Ley de Seguridad del Estado, que entendiendo que en la lógica de que estas acciones busquen generar terror, suponen vías judiciales aceleradas, procesos diferenciados y por supuesto mayor pena.

Por otra parte, nos damos cuenta también que no se ha logrado quedar sólo en el tema judicial, sino que siempre está en la agenda política, y por lo tanto comienza esta distorsión en estas instituciones que pertenecen al ejecutivo, como son Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, que dependen del Ministerio del Interior, con los famosos montajes, la Operación Huracán, el comando Jungla hoy (**) en territorio mapuche y que no solamente generan un descrédito en el Estado, en su accionar y en su institucionalidad, sino que dan cuenta de la arbitrariedad con la que hoy día se están tratando estas demandas, donde este sistema judicial no ha sido capaz de probar la culpabilidad de representantes y dirigentes mapuche en los atentados que se les han imputado.

No solamente se ha encarcelado a dirigentes sino que se ha encarcelado a autoridades ancestrales, sin comprender el rol, la legitimidad, el respeto que tienen dentro de los pueblos indígenas esas figuras, el rol que les cabe cumplir en el bienestar de sus comunidades, de sus territorios, donde cumplen, además, un rol político. No ha habido respeto en comprender ese tipo de reivindicaciones, que ha llevado a los y las machi, incluso, a tomar medidas de fuerza, a hacer huelgas de hambre, a poner en peligro sus vidas, por ser atendidos o ser escuchados por demandas que tienen poco eco en este sistema penitenciario chileno, en la justicia chilena, etc. Entonces, yo creo, que ahí hay que hacer una reflexión profunda, un cambio profundo y entender que, primero, si tú sigues mirando la política indígena solamente desde los hechos de violencia, te estás perdiendo un amplio espectro de soluciones y posibilidades que van mucho más allá de un núcleo que ha entendido, o que ha asumido que la única forma por reivindicar sus derechos es por medio de la vía de la fuerza o la violencia.  Pero en función de estos hechos que sí existen y de los que sí hay que dar cuenta, claramente, estas formas irregulares e irrespetuosas no dan el ancho y muy por el contrario, terminan dañando la imagen pública de esta institucionalidad que, en el fondo, lo que está demostrando es que no da el ancho para resolver las demandas de los Pueblos Indígenas.

 

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* Verónica Figueroa Huencho es académica e investigadora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Senadora Universitaria (2018-2022) y miembro del equipo docente del Programa UAbierta.  Preside la Comisión contra el Acoso y la Violencia Sexual de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Cátedra Indígena (FACSO), de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (Oficina de Equidad e Inclusión) y de la Comisión de Igualdad de Género (DIGEN). 

** Esta entrevista fue realizada en octubre de 2018, un mes antes del asesinato de Camilo Catrillanca (14-11-2018), hecho que provocó una ola de protestas en contra del accionar violento del Estado de Chile en la zona. Tras ello, hubo una reasignación de funciones de los miembros de la fuerza policial en La Araucanía, aunque en vez de disminuir su presencia, el Gobierno ordenó intensificarla a través de otras unidades.

 

 

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