De los pesticidas al racismo e injusticia socioambiental en Wallmapu: Las otras formas de exterminar la vida

Era un día de abundante viento, de 17 kilómetros por hora, en vísperas del equinoccio de otoño. A 8 kilómetros al norte de Puerto Saavedra, región de La Araucanía, una avioneta sobrevolaba el territorio Lafkenche de Calof. No era cualquier avioneta, sino de aquellas que fumigan extensos cultivos, rociando pesticidas, agroquímicos o productos fitosanitarios, destinados a eliminar plagas, enfermedades, hongos, entre otros. El viernes 19 de marzo de 2021, a las 15:30 horas, la empresa “Andrej Konstantin Ostojic, Servicios Aeronauticos E.I.R.L”, propiedad de Andrej Ostojic Arrieta y conocida por su nombre de fantasía “Aerotreile”- que además tiene una escuela de vuelo en Temuco- fumigó aéreamente el Fundo “Esperanza Norte”, ubicado en el kilómetro 80 de la ruta S-40. Se trata de un predio de raps de 40 hectáreas, propiedad de la Sociedad Agrícola y Ganadera Rucalán SPA, cuyos dueños son Luciano Landerretche Maffei,  Arline Landerretche Maffei y Luciano Landerretche Jiménez. El predio fumigado, colinda con comunidades Mapuche Lafkenche.

Minutos más tarde y dada la velocidad del viento, la deriva de la carga de los químicos utilizados en la fumigación se extendió por kilómetros, según denuncian las comunidades en la zona, dañando suelos, alimentos, fuentes de agua, huertos y cultivos familiares y comunitarios,  bosque nativo, pastizales, fauna, polinizadores y apicultura, plantas medicinales, entre muchos otros. Fueron 14 comunidades Mapuche afectadas, más de 1500 familias que, de un momento a otro, lo perdieron todo. No hubo sumario sanitario, tampoco recibieron compensaciones económicas, ni menos aún se hizo una investigación sobre los componentes de residuos químicos en la zona. 

Olegario Curamil Huechuqueo, vocero de la comunidad Sector Calof, quien tiene hierbas medicinales, cultivos y flores, entre otros, nos comenta antecedentes históricos asociados a la colonización que permiten entender la compleja relación entre comunidades y colonos/as. Se refiere a la excesiva burocratización del proceso de denuncia y cómo no existe una interconexión entre las instituciones responsables, entre ellas Municipio; Ministerio de Salud; Servicio Agrícola y Ganadero SAG; Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP y Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI y cómo no hubo ningún tipo de ayuda a los/as afectados/as en la localidad. 

De misma forma, relata cómo el día de la fumigación, algunas familias del sector tenían sus estanques de agua abiertos y cómo mucha gente se enfermó, pero que, por temor a afectarse por coronavirus, no realizaron las respectivas denuncias en los centros de salud.  Así, comenta: Aquí ocurrieron hechos que nos afectaron como comunidades, como Mapuche, como personas. Es incalculable la pérdida, preocupante. […]”. 

Por su parte, la presidenta de la comunidad Mapuche Caniupi Llancaleo, Lucinda Catrilef Castillo, representante de las catorce comunidades afectadas y quien ha liderado el proceso de denuncia del caso por medio de la presentación de un Recurso de Protección, nos relata: “El día de la fumigación, las familias empezaron a sentir lloviznas de líquido en sus casas y muchas personas resultaron intoxicadas, con dolor de estómago, jaqueca, fiebre, hubo distintos síntomas. […]Esto nunca había pasado antes, da susto. Faltaron el respeto a la ñuke mapu, a nuestra naturaleza. Acá  hay una falta de respeto del Gobierno de Chile con nosotros/as”.

En tanto, Osvaldo Neculpan, afectado de la comunidad de Ranco, se refiere a la desconfianza hacia la autoridad pública dado el caso: “Los grupos de poder no solamente manipulan, sino que actúan de otras formas para exterminar la vida. Una de las cosas que más nos complica es la desconfianza hacia la autoridad pública que van manipulando las cosas y favoreciendo a los grupos de poder”.   

El producto que la empresa aérea declaró al Servicio de Salud Araucanía para la fumigación del predio fue el insecticida “Karate con tecnología Zeón”, cuyo principio activo es Lambda Cihalotrina, para el control de larvas e insectos. Se trata de un producto mortal en caso de inhalación, siendo considerado por la Unión Europea (UE) como un disruptor endocrino y de alta toxicidad para las abejas. La Red de Acción en Plaguicidas lo identifica como un componente químico altamente peligroso.

La coordinadora Nacional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina,  RAP-Chile y de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida,  experta en los impactos de plaguicidas,  autora del libro “Plaguicidas en Chile: La Guerra química y sus víctimas” (2005), María Elena Rozas, se refiere al respecto en Rap Chile: “Esa devastación puede estar relacionada con el uso de plaguicidas altamente peligrosos, entre ellos, posiblemente herbicidas como paraquat, diquat o glifosato. Los manuales de AFIPA, la industria fabricante o distribuidora de estos venenos, recomiendan también aplicar Renglón como desecante en los días previos a la cosecha del rap en abril. Es muy grave que desde la Seremi de Salud y el SAG no se fiscalice ni actúe oportunamente, ya que ni siquiera se están cumpliendo las débiles normas que tenemos, las cuales obligan a considerar las condiciones climáticas, especialmente los vientos, y dar aviso previo a las comunidades antes de aplicar estos plaguicidas, altamente peligrosos por sus efectos sociales y ambientales”.

A pesar de la declaración realizada por la empresa fumigadora Aerotreile del producto utilizado, el Seremi subrogante de Salud Araucanía, Alex Olivares, confirmó a un mes de ocurrido el hecho,  en un medio de prensa local que “en las muestras tomadas en el lugar no se evidenciaron trazas de plaguicidas, sin embargo, que sí habrían hongos comunes en los cultivos”. El documento en el que se basó para entregar esta información, fue un informe fitosanitario elaborado por el SAG, que permite únicamente determinar presencias de microorganismos (plagas) y no así de plaguicidas o herbicidas, ya que para ello se requiere un análisis de laboratorio certificado de muestras complejas de multiresiduos de hojas o de suelo contaminado. 

Desde el Ministerio de Salud Araucanía, señalan que, la aplicación se ajustó al reglamento del Decreto Ministerio de Salud,  N° 5 de 2010, que aprueba la normativa sobre aplicación aérea de plaguicidas. 

El encargado de medioambiente del Municipio de Puerto Saavedra, Hernán Díaz, tiene otra visión al respecto. Así, se cuestiona: “¿Por qué las autoridades que tienen que velar por la ley, no actuaron ni hicieron su trabajo? ¿Dónde está el derecho constitucional de velar por el medio ambiente y la salud de las personas?”. A la vez, señala quehay que modificar la legislación vigente y hay que sacar muchos de los plaguicidas que se utilizan actualmente”.

A raíz de la fumigación realizada, las comunidades afectadas realizaron dos procesos de denuncia: uno en la Fiscalía Local de Carahue, que se encuentra en curso y de misma forma, presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones en Temuco, contra la Empresa fumigadora “Aereotreile” y la Sociedad Agrícola y Ganadera RUCALAN LTDA. 

Este recurso se basa en que la fumigación afectó derechos constitucionales a la propiedad, consagrados en el artículo 19 N°24 del derecho de propiedad de la Constitución Política chilena, que señala que “nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio; como asimismo en el artículo 19 Nº. 8 de la Constitución, que establece que todas las personas tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado, ya que es tutelar de la preservación de la naturaleza. Frente a estos antecedentes, la bióloga y coordinadora del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) en Wallmapu, Carol Inostroza Huaracan, alude a la débil legislación chilena:  “No existe normativa directa que involucre el grado de afectación sobre la multiplicidad de componentes tanto del medio natural como cultural, ni de los factores incidentes en las relaciones ecosistémicas, lo que conlleva a una desprotección de los territorios”.

De hecho, la abogada patrocinante de esta acción judicial presentada por las comunidades es Manuela Royo Letelier, quien también es convencional constituyente y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del mismo órgano. En sus palabras, “los hechos recurridos en el recurso interpuesto son graves y atentan principalmente el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, lo que se encuentra consagrado y protegido en tratados internacionales y en la Constitución primordialmente, lo que repercute en la vulneración de una serie de derechos conexos constitucionalmente protegidos, entre ellos a la vida, integridad física y psíquica, asimismo se vulnera el derecho de propiedad de los afectados dado que los hechos denunciados generan una intromisión dañina a la propiedad de los recurrentes, implicando que sus cultivos pierdan valor y se menoscabe la agricultura de subsistencia”. 

Integrantes de las comunidades Mapuche afectadas y de la comunidad local, señalan haber sido amedrentados/as por desconocidos/as, producto del proceso de denuncia realizado. El amedrentamiento ha involucrado seguimientos y serias amenazas a su integridad física.

Del modelo agroexportador al racismo e injusticia social

El colonialismo; la implantación del modelo agro exportador desarrollado a fines del siglo XIX, que promueve el crecimiento económico y productivo, la inversión extranjera y el desarrollo del latifundio, por sobre el bienestar social-comunitario;  así como la implantación del modelo neoliberal en los 70’s por medio de la dictadura cívico-militar y la intensificación del extractivismo en Chile en los 90’s en adelante;  son fundamentales en el análisis de los pesticidas.  

Cobran relevancia de misma forma el conflicto capital-trabajo, las interrelaciones de los poderes políticos-económicos, los vacíos y deficiencias en las políticas públicas y que en conjunto tienen por consecuencia la exclusión social, marginación,  racismo e injusticia ambiental, y es que las fumigaciones, afectan todas las áreas de nuestro entorno: agua, tierra, aire, dañando tanto a corto como largo plazo la salud humana y medioambiental, violando los Derechos Humanos, en especial, de las poblaciones más vulneradas y empobrecidas, como asimismo, vulnerando  los derechos de los Pueblos Indígenas afectados. 

En definitiva, este conflicto tiene relación con el modelo de desarrollo estructural en Chile. Así lo explica Patricia Grau Mascayano, profesora asistente del Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, e integrante del equipo fundador de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Plaguicidas. Para la experta, el problema “no se resuelve con fiscalización, sino con la necesaria reflexión sobre qué estamos pensando tanto sobre la salud humana, como en los derechos de la naturaleza, del planeta y de la Madre Tierra”.

En el sur de Chile, particularmente en zonas rurales, existe una escasa denuncia en los centros de salud por intoxicaciones por pesticidas. En pandemia y, particularmente en áreas agrícolas, esta situación se profundiza.

La importancia de la denuncia

En el caso de Calof, las comunidades no asistieron a estos establecimientos por temor a contagiarse de coronavirus y porque, transcurridos los días de la fumigación, los síntomas que muchas personas presentaron, como malestar estomacal, alergias, náuseas, entre otros, fueron disminuyendo. Grau comenta que la subnotificación de casos, particularmente en el sur, se explica por varios factores. Uno muy relevante son las escasas denuncias, especialmente por el temor de las y los trabajadores de perder sus empleos. Por otra parte, se encuentra el desconocimiento, falta de capacitación y de educación de la población respecto a las consecuencias y efectos de los plaguicidas. Finalmente, la débil presencia de organismos de fiscalización y vigilancia epidemiológica generan un sentido de desprotección y abandono por parte de las entidades públicas. Por este motivo, la experta enfatiza en la relevancia de realizar las respectivas denuncias en los centros de salud.

Prohibir las fumigaciones aéreas: un desafío pendiente. 

Mientras las fumigaciones aéreas suelen ser prohibidas en la Unión Europea – a excepción de contados casos-, en Latinoamérica y particularmente en Chile, la realidad es muy diferente.Durante 2021, la Dirección General de Aeronáutica Civil ha otorgado permiso a doce empresas que cuentan con el propuesto agrícola, para fines como el control de plagas, preservación forestal, entre otros.

Las empresas son: Andrej Konstantin Ostojic Arrieta Servicios Aeronáuticos E.I.R.L; Ecocopter S.A; Fumigaciones aéreas Rafael Reyes Limitada; Helicópteros del Pacífico Limitada, Línea aérea de fumigaciones Aero Santa Cruz Limitada; Platinum Helicopters S.A; Raúl Tomás Ramírez Prado Trabajos Aéreos E.I.R.L; Servicios Aéreos Agrícolas y Forestales Limitada; Sociedad Aero Flight Services S.A, y la Sociedad de Trabajos Aéreos Aero Pacífica Limitada.

En Chile, la normativa respecto a fumigaciones aéreas está regulada por el Decreto 5 de 2010 del Ministerio de Salud y el Decreto de 2002 que Aprueba el Reglamento Aeronáutico de Operaciones Aéreas (Dar-6). La primera señala – entre varias cosas – que “toda aplicación aérea de plaguicidas deberá ser notificada a la Secretaría Regional Ministerial de Salud competente en la zona donde se va a realizar, con al menos 2 días hábiles de anticipación”.

Al respecto, Grau es crítica y sostiene que no se debería autorizar ni realizar ninguna aplicación de fumigación aérea “porque no se controla el régimen ni velocidad de viento, las gotas se transforman en aerosoles y viajan por kilómetros, según el paso de avión o helicóptero. No se justifican las aplicaciones aéreas, sin embargo, se siguen realizando porque resulta ser que las ganancias económicas de las plantaciones parecieran ser mucho más importantes que el bienestar social”. 

Para Inostroza, el episodio grave de contaminación en Calof “no debe mirarse como un hecho aislado, sino más bien se debe considerar el actual uso de suelo del sector y la exposición prolongada a agrotóxicos, que se sustenta en la explotación agrícola y forestal de la zona. Por tantoes imprescindible la generación de respuestas y políticas eficaces en el uso y regulación de agro tóxicos. Se requiere indagar de forma exhaustiva los efectos tanto en la salud de la población como en el medio ambiente natural y cultural. Todo esto debe estar acompañado de educación e investigación adecuadas al contexto cultural de los territorios”. Finalmente, Curamil puntualiza que el caso en Calof no se ha resuelto y que el proceso judicial continúa en curso: “Las fumigaciones aéreas no se pueden volver a repetir en el territorio. No sólo dañaron nuestra salud y medio ambiente. Aquí hay un daño a largo plazo, que nos acompañará toda la vida”, enfatiza. 

A horas del inicio del equinoccio de primavera, a seis meses de la fumigación y devastación ocasionada en Calof, no hay responsables, sanción ni reparación.

Mientras tanto, parte de la ciudadanía deposita sus esperanzas en la nueva carta magna, esperando que ayude a garantizar necesidades tan básicas como la salud y un medioambiente libre de contaminación. Los derechos de los pueblos indígenas también son esenciales en ese sentido, para que casos como el de Calof no vuelvan a ocurrir.

*Extracto del texto original disponible en Mapuexpress.

Deja un comentario